México enfrenta un fenómeno de violencia con más de 40 mil desaparecidos

En rueda de prensa fue la posición del presidente de la República en el sentido de poner un “punto final o borrón y cuenta nueva” ante casos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos cometidos por las administraciones anteriores y la creación de la Guardia Nacional. Lo que, subrayaron, complica la posibilidad de lograr los objetivos de verdad, justicia y reparación.

Alrededor de 30 mil cuerpos no identificados, más de 200 mil ejecutados y 15 mil casos de tortura (en la mayoría de estos últimos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas), señalaron integrantes de diversas organizaciones civiles.

Frente a esa realidad, las organizaciones realizaron la demanda correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptar una política integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que combata la impunidad, garantice los derechos de las víctimas, promueva escenarios de construcción de paz y contribuya a debilitamiento de las redes y patrones de macrocriminalidad.

Se recordó que el 14 de septiembre de 2018, durante el segundo Diálogo por La Paz, la Verdad y la Justicia realizada en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, López Obrador (entonces presidente electo) se comprometió a desarrollar una política pública que garantice el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, la cual sería prioritaria para su adminsitración.

Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido, aseguró que el “borrón y cuenta nueva” planteado por López Obrador “es enterrar la verdad y la justicia que hemos buscado miles de familias. Sería la representación de un Estado fallido, de la inacción”.

Desde la sociedad civil y la academia entregaron representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores cinco documentos en los que se propone la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, una unidad de protección a víctimas y testigos y un sistema de participación de víctimas y sociedad civil en el diseño e implementación de todos estos componentes.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que “se necesita disposición y voluntad de quién detenta el poder para emprender esta política integral y que la misma realmente funcione”.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que la creación de la comisión para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa representa un primer paso del Estado mexicano para dar respuesta a graves violaciones a derechos humanos; pero el reto será, afirmó, que esta instancia sea sólo la base para resolver los miles de casos de desaparición en el país y dar respuesta a todas esas familias.